Resumen: Se presenta por un Sindicato de Policía, solicitud de medidas cautelares, "inaudita parte", para que se lleven a cabo las actuaciones pertinentes ante las autoridades competentes para que, respetando la prioridad del sector sanitario, se realicen de forma urgente test de detección rápida del covid-19 a los funcionarios de la Policía Nacional, en el modo que se considere más conveniente y oportuno para evitar el incremento de riesgo de contagio de aquellos y, con ello, el riesgo de colapso de la capacidad operativa del propio cuerpo.La AN previa declaración de su competencia para conocer de la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en materia de prevención de riesgos laborales respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de PRL,desestima la solicitud,, será la Autoridad Sanitaria y no la DGP quién determine, en función los intereses de la totalidad de la sociedad, qué colectivos son prioritarios en orden a la realización de los Test, sin que la DGP tenga competencia alguna al respecto, pues se trata de unos instrumentos respecto de los que existe manifiesta escasez.
Resumen: La sentencia estima la demanda de reintegro de gastos de asistencia sanitaria por lesiones atendidas en pais extranjero, porque se ha acreditado que la actora sufrió un síndrome de descompresión que puso en grave riesgo su salud, siendo una urgencia vital la asistencia médica urgente e inmediata en las Maldivas, y posteriormente en Bangkok por ser el Hospital más cercano con cámara hiperbárica. La situación de urgencia vital impedía el traslado de la actora a España para ser atendida por el servicio público de salud, e igualmente impedía cualquier intento de contactar con los servicios sanitarios españoles para recibir algún tipo de asistencia médica. Constando por tanto la existencia de una urgencia inmediata y vital sin posibilidad de acudir a los servicios de la sanidad pública, así como la inexistencia de una situación abusiva por la reclamante, y que la actora cumplía con la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil para la práctica de actividad subacuática, no cabe sino concluir que concurrían los presupuestos legales para el reintegro de los gastos.
Resumen: El Juzgado estima el recurso de la empresa y deja sin efecto la imposición del recargo de prestaciones de Seguridad social, en cuantía del 40 %, por accidente de trabajo, pues no fue causado con infracción de medidas de seguridad por la empresa o de prevención de riesgos, sino por circunstancias ajenas al control de la empresa.
Resumen: Agresión sexual causando graves lesiones. Prueba indiciaria. La versión ofrecida por el acusado como descargo, puede servir de contra indicio. El consentimiento para mantener relaciones sexuales por precio no comprende la introducción forzada de objetos por vía vaginal y anal, con la violencia que en este caso se produjo, causando a la víctima graves lesiones. La imposición violenta del acto carnal a persona que ejerce la prostitución constituye un delito de agresión sexual. Lesiones agravadas, de órgano principal, como es la vagina, el tracto intestinal y el esfínter anal. Concurso ideal de delitos. Diferencia con el concurso de normas. Coautoría en los supuestos de violaciones múltiples. Atenuante de dilaciones indebidas. Responsabilidad civil. El Baremo de tráfico indemnizatorio del daño corporal, puede ser utilizado como referencia para los delitos dolosos.
